Este resultado es importante porque demuestra que, incluso en un momento político dominado por los discursos sobre la mera competitividad y la seguridad, el Parlamento Europeo aún puede escoger un camino diferente: el que considera la pobreza una violación de la dignidad humana y de los derechos humanos y que reconoce la necesidad de soluciones coordinadas y holísticas que involucren todos los niveles de gobernanza y a la sociedad civil.
Para la Alianza y sus miembros, esto representa también un hito en su labor de incidencia política. Gracias al compromiso constante con las partes interesadas del Parlamento Europeo, se ha contribuido a garantizar un capítulo sólido sobre la protección de la infancia y la pobreza infantil.
El principal resultado es la petición del Parlamento de destinar a la Garantía Europea para la Infancia un presupuesto específico de al menos 20 mil millones de euros en el próximo marco financiero plurianual 2028-2034 (MFF – presupuesto europeo), aplicado a través del Fondo Social Europeo+. A ello se añade un compromiso reforzado para que los Estados miembros destinen al menos el 5% del FSE+ a proyectos e inversiones estructurales orientados a combatir la pobreza infantil, con al menos el 10% destinado a los Estados miembros en los que la pobreza infantil y la exclusión social superan la media de la UE. Se trata exactamente de la ambición deseada: recursos previsibles, vinculados y plurianuales que correspondan a la realidad de una crisis que afecta a aproximadamente un niño de cada cuatro en la UE.
Fundamentalmente, el llamamiento del Parlamento reconoce también que la Garantía para la Infancia ya está funcionando y dando resultados. Los planes de acción nacionales, las inversiones del FSE+, los informes bienales y la aplicación coordinada han ampliado los programas de comedor escolar, reforzado las medidas de inclusión y apoyado nuevos modelos de innovación social que no existirían sin este marco europeo. El informe subraya el claro compromiso a favor de la prevención y del bienestar de los menores en todos los servicios esenciales: la calidad de la educación y de la atención a la primera infancia mediante recursos financieros y humanos adecuados, la atención después de la escuela y la lucha contra el abandono escolar temprano, solicitando un refuerzo de la formación del personal y de los sistemas de alerta temprana. Tales inversiones tempranas y preventivas no son un «gasto social opcional», sino la forma más eficaz de reducir las desigualdades a lo largo de la vida y romper el círculo vicioso de la pobreza.
El informe respalda, además, un enfoque de la protección social centrado en menores y adolescentes, que incluya prestaciones específicas y medidas prácticas como asignaciones familiares, comidas escolares y programas de reducción de costes para actividades culturales, deportivas, recreativas y extraescolares. Esto está en consonancia con la petición del DBI y de la Alianza de sistemas de bienestar que prevengan la privación, apoyen a las familias y reduzcan los costes sociales a largo plazo.
Igualmente importante es la fuerte dimensión de prevención y protección de la infancia del Parlamento: pide que se garantice el derecho de cada niño a la vida familiar, que la pobreza no sea utilizada como único motivo para el internamiento en una institución y que se invierta en la atención familiar y comunitaria, incluidos sistemas de acogida seguros. El informe condena la violencia, los abusos, la explotación y el abandono y pide invertir en sistemas integrados de protección de la infancia, incluida la lucha contra el acoso y la violencia en línea que afectan de manera desproporcionada a los niños en situaciones de vulnerabilidad.
Por último, el informe reafirma lo sostenido desde hace tiempo: la eliminación de la pobreza requiere un enfoque coordinado y holístico, que involucre a los Estados miembros, a los entes locales y regionales, a los interlocutores sociales y a la sociedad civil. Esta victoria parlamentaria debe traducirse ahora en una acción decisiva por parte de la Comisión Europea, que se dispone a reforzar la Garantía Europea para la Infancia.
